En total, suman cerca de ocho millones de hectáreas de tierras malhabidas entre 1954 y 2003, cuatro veces más que lo que recibieron todas las familias campesinas juntas. Pese a que existe un listado detallado de todos los casos fraudulentos de entrega de tierras, hasta hoy el Estado no ha recuperado ni una sola de estas fincas, no se ha juzgado ni castigado a los beneficiarios del fraude ni mucho menos a los responsables políticos e institucionales.

Fuente: Guereña, A. (2016). Desterrados: Tierra, Poder y Desigualdad en América Latina (p. 14). Oxfam Internacional

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